Cada vez que puede, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se burla de quienes sostienen que los cambios institucionales impulsados por su movimiento político, la Cuarta Transformación, están provocando una deriva autoritaria en el país.

Su argumento es bastante conocido: si México estuviera retrocediendo en términos democráticos, los gobiernos recientes no habrían dado a los ciudadanos la posibilidad de elegir directamente a la mitad de sus jueces, magistrados y ministros.

“Se enojan nuestros adversarios cuando digo que somos el país más democrático del mundo”, ha dicho la presidenta en repetidas ocasiones.

Su razonamiento es simplista. Equipara elecciones con democracia, como si no existieran dictaduras que también votan. Además, omite decir cómo se organizó esa elección judicial, plagada de irregularidades, como el uso de guías, o acordeones, para indicar a los simpatizantes de su partido —Morena— por quién votar.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma la vocación democrática de su gobierno en su reunión matutina con medios de comunicación.

Aun así, su lógica podría, paradójicamente, jugar a favor de la democracia mexicana.

Ante esa postura, la presidenta no tendría por qué objetar que algún negociador, legislador, funcionario o representante empresarial y laboral de cualquiera de los tres países que integran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), propusiera incorporar a ese acuerdo comercial salvaguardas para garantizar la independencia de los poderes en las tres naciones.

En otras palabras, no habría razón para rechazar la inclusión de una cláusula democrática —como la que figura en decenas de acuerdos comerciales y de cooperación de la Unión Europea— en el pacto comercial de América del Norte, actualmente en revisión.

Una disposición de este tipo, orientada a preservar los equilibrios entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Norteamérica, reforzaría en la práctica el planteamiento presidencial de que México cuenta con una democracia sólida y pondría a prueba su afirmación.

La propuesta no sería además ajena al propio tratado. El T-MEC incluye otros compromisos que trascienden la esfera comercial, como son normas laborales y de protección ambiental que buscan asegurar mejores condiciones de trabajo y de cuidado al medio ambiente en los tres países. Tampoco sería inédita, no solo porque ya se usa en Europa sino porque acuerdos recientes en las Américas, como el de seguridad regional entre Estados Unidos y varios países de América Latina, conocido como Shield of the Americas, incorporó una disposición en favor de la democracia entre las naciones signatarias.

Una ventaja adicional es que la cláusula ayudaría también a prevenir —contra lo que podría pensarse— un eventual deterioro democrático al norte del río Bravo. Algunos analistas han comenzado a dejar de considerar remota esa posibilidad, principalmente en Estados Unidos.

Más allá de las dificultades técnicas y políticas que implicaría su adopción —incluida la eventual necesidad de reabrir el tratado para incorporarla y la consiguiente incertidumbre sobre su aprobación legislativa—, una cláusula democrática contribuiría a dotar de mayor certidumbre al proceso de integración económica que los tres países han construido, con relativo éxito, desde 1994.

Desde su integración, el comercio y la inversión en América del Norte han crecido de forma sostenida. Una cláusula democrática en el T-MEC ayudaría a consolidar ese proceso.

En el fondo, esa integración nunca ha descansado únicamente en reglas comerciales, mecanismos de solución de controversias o esquemas de protección a la inversión. Más bien se ha sostenido en dos pilares menos explícitos, pero igualmente importantes: la democracia y el libre mercado. Mientras Estados Unidos y Canadá ya contaban con una larga tradición democrática al momento de su firma hace más de tres décadas, México avanzó en esa dirección en paralelo a su integración económica con sus vecinos del norte.

Si bien la democracia mexicana surgió por el hartazgo ciudadano frente a la incompetencia, la corrupción y las crisis financieras recurrentes que generó el sistema de partido hegemónico del siglo XX, la apertura comercial no solo transformó su economía, también contribuyó a acotar las prácticas autoritarias que habían definido su sistema político durante décadas. El gobierno mexicano no podía continuar comportándose como lo había hecho hasta entonces.

Hoy, frente al retroceso democrático que experimenta México —particularmente por la creciente concentración de poder en el Ejecutivo, en una dinámica que evoca al pasado—, no es exagerado plantear que la integración económica regional podría verse comprometida.

Cuando las instituciones democráticas se erosionan en un país socio y aliado, los riesgos trascienden sus fronteras y afectan la seguridad jurídica regional, la estabilidad de la inversión y la previsibilidad que los propios acuerdos comerciales buscan garantizar.

El problema incluso no es exclusivo de México. Las posturas proteccionistas del presidente estadounidense Donald J. Trump ilustran hasta qué punto la voluntad de un solo líder puede tensar la integración regional. Tanto Canadá como México han enfrentado decisiones contrarias al espíritu del T-MEC —que el mismo Trump negoció—, lo que evidencia la necesidad de reforzar los contrapesos institucionales.

Para bien del T-MEC, la Suprema Corte de Estados Unidos limitó recientemente el alcance de las medidas arancelarias de Trump. El fallo del máximo tribunal estadounidense confirmó la importancia de contar con instituciones capaces de contener los excesos del poder.

Una cláusula democrática podría ofrecer herramientas adicionales para contener ese tipo de medidas en cualquiera de los tres países que pudiesen vulnerar los principios de apertura y cooperación que sustentan al pacto comercial.

La cláusula no tendría por qué interpretarse como una cesión de soberanía. Por el contrario, implicaría el compromiso compartido de corregir desviaciones respecto a los principios básicos que rigen el desarrollo económico y político de la región, independientemente de si provienen de autoridades en Ciudad de México, Washington u Ottawa.

En última instancia, la propuesta haría explícito que la cooperación económica de largo plazo en América del Norte no depende solo de normas comerciales aprobadas por los tres países, sino también de la confianza institucional que debe existir entre sus miembros.

Europa lo entendió hace décadas. Norteamérica debería hacerlo ahora.